Incendio en tienda Waldos de Hermosillo podría derivar en sanciones penales, civiles y administrativas: Fiscalía de Sonora investiga posibles violaciones al reglamento de Protección Civil
La Fiscalía de Sonora investiga posibles violaciones al reglamento de Protección Civil tras el incendio en Waldos Hermosillo; podrían aplicarse sanciones penales, civiles y administrativas a responsables.
Hermosillo, Sonora. — Este lunes 03 de noviembre de 2025, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que se han iniciado investigaciones formales para determinar si existen responsabilidades penales, civiles y administrativas en el caso del incendio ocurrido ayer en la tienda Waldos de Hermosillo, donde 15 personas resultaron lesionadas.
El Fiscal estatal, Gustavo Rómulo Félix Salas, declaró que se revisará si el establecimiento cumplía con los requisitos legales para operar.
Si el negocio no cuenta con la documentación respectiva, estaría funcionando indebidamente,— afirmó.
Y añadió:
Habría responsabilidades de tipo civil, penal y administrativa, tanto para particulares como para servidores públicos.
Investigación en curso y aplicación de la ley
La FGJES señaló que se está trabajando para esclarecer los hechos y aplicar las sanciones correspondientes conforme a la ley, en caso de que se comprueben violaciones al reglamento de Protección Civil. Esto incluye revisar permisos, condiciones de seguridad, protocolos de emergencia y la actuación de funcionarios encargados de supervisar el cumplimiento normativo.
El incendio, que se registró en una tienda ubicada en zona comercial de Hermosillo, dejó a tres personas hospitalizadas, incluyendo una joven de 20 años que será trasladada a un hospital especializado en Arizona. Las otras doce víctimas ya fueron dadas de alta y se encuentran bajo cuidados médicos en sus domicilios.
Compromiso institucional y seguimiento legal
Las autoridades han reiterado que no habrá impunidad y que se actuará con firmeza para garantizar justicia a las víctimas. El proceso incluye la revisión de responsabilidades tanto de particulares involucrados en la operación del establecimiento, como de servidores públicos que hayan omitido funciones de supervisión o autorización.
Este caso ha generado atención pública por la magnitud del siniestro y por las condiciones en las que operaba el negocio. La Fiscalía continuará informando conforme avance la investigación.
