Urge reformar para elegir democráticamente a jueces
El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que la Cámara de Diputados es la única entidad con la autoridad constitucional para modificar el presupuesto del Poder Judicial. Enfatizó que el presupuesto de esta institución, que abarca los elevados sueldos y prestaciones de jueces y magistrados es una cuestión que puede ser alterada legalmente por el Congreso.
Durante su rueda de prensa matutina el mandatario explicó el proceso de asignación presupuestaria. El Poder Judicial y otros órganos autónomos presentan sus propuestas a la Secretaría de Hacienda, la cual las envía íntegras al Congreso. Mencionó que el Ejecutivo no tiene la potestad de modificar el presupuesto propuesto por el Poder Judicial, aunque esta facultad sí recae en la Cámara de Diputados.
En el mismo contexto López Obrador expresó su preocupación por los altos salarios y prestaciones de jueces, magistrados y ministros, considerándolos en algunos casos como violaciones a la Constitución. Criticó la percepción mensual de hasta 700 mil pesos y la acumulación de beneficios onerosos, resaltando que esta situación es excepcional incluso en comparación con otros sectores de la sociedad.
El presidente subrayó que la solución para rectificar el rumbo del Poder Judicial y direccionarlo hacia el beneficio del pueblo es permitir que jueces, magistrados y ministros sean elegidos democráticamente por la ciudadanía. Para ello, propuso la necesidad de una reforma constitucional, que requeriría una mayoría calificada de dos terceras partes de los votos en el Congreso de la Unión.
Con un enfoque en las elecciones de legisladoras y legisladores en 2024, López Obrador hizo hincapié en la importancia de la renovación del Poder Judicial, resaltando que la transformación en curso debe extenderse a esta institución. Argumentó que no es viable mantener la situación actual, donde se brinda libertad a presuntos delincuentes y se percibe que el Poder Judicial sirve a intereses selectos.
En el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional, el presidente presentó el caso de Ricardo Márquez Blas, quien ostenta un sueldo bruto mensual de más de 122 mil pesos, además de diversas prestaciones financiadas por el erario público. Márquez Blas, excolaborador de Genaro García Luna, fue contratado por la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña Hernández.
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