16 abril, 2024

Jueces favorecen a empresarios en pago de impuestos

El procurador fiscal de la Federación Félix Arturo Medina Padilla, denuncia que el Poder Judicial ha retrasado procesos penales relacionados con el pago de impuestos, lo que ha impactado la recaudación en la Hacienda pública en alrededor de 80 mil millones de pesos. Esto equivale a un 25% más de apoyo a beneficiarios de programas sociales. Medina Padilla presenta ejemplos de retrasos en la impartición de justicia que afectan la economía del país.

El primero involucra a una empresa de gran tamaño con presencia nacional, fiscalizada durante 2010, 2011 y 2013, que dejó de pagar impuestos por más de 25 mil millones de pesos, pero impulsó estrategias legales para impugnar y retrasar la emisión de una sentencia.

Luego de 13 años de juicios a la fecha no se ha recuperado este capital. En los últimos ocho meses el ministro Luis María Aguilar Morales pidió al pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analizar los litigios con el pretexto de la excepcional facultad de atracción, solicitada por parte de la empresa, y ha sido omiso al resolverlos sin causa justificada.

Se anuncia la presentación de quejas formales contra los responsables de estos retrasos y omisiones en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Federación.

La secretaria de Gobernación Luisa María Alcalde Luján, detalló que la queja será presentada en el pleno de la Suprema Corte porque las propias ministras y ministros se vigilan a sí mismos.

El presidente Andrés Manuel López Obrador enfatiza la necesidad de resolver estos casos conforme a la ley y el interés público y llamó a no archivar este caso porque representa recursos para el pueblo de México.

“Es el presupuesto de un estado de la República, puede ser el presupuesto de Baja California Sur, puede ser el presupuesto de Tlaxcala, el presupuesto de Zacatecas, de Campeche; 25 mil y no resuelve, lo tiene guardado. Y, ¿dónde está la justicia pronta y expedita?. (…) El ministro de la Corte, que lleva ocho meses con un expediente guardado que implica el que se resuelva a favor o en contra, pero que se resuelva un asunto de 25 mil millones”, apuntó.

Otro caso que preocupa al gobierno federal es el de una empresa del bajío que cometió defraudación fiscal, lo que ocasionó un perjuicio por casi 300 millones de pesos. Ante los hechos, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en coordinación con la Fiscalía General de la República, busca llevar a juicio a los responsables, sin embargo, ese propósito se vio obstaculizado por el juez Eduardo Alberto Osorio Rosado, quien reiteradamente ha emitido resoluciones contrarias a la ley.

Este juez sistemáticamente emite fallos que ignoran los argumentos de la Secretaría de Hacienda; sostiene que la dependencia federal no está facultada para defender los recursos del pueblo y, por ende, desconoce su calidad de víctima y ofendido en el proceso penal, afirmó el procurador fiscal.

Informó que también se presentará una queja administrativa ante la Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Federación por conductas que podrían constituir delitos cometidos en contra de la administración de justicia.

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